España está sufriendo un auténtico batacazo por el impacto de las medidas de contención del coronavirus. El producto interior bruto, el principal indicador para medir la evolución de la riqueza de un país, cayó entre enero y marzo un 5,2%, según datos del INE. Esto supone la mayor bajada de la serie histórica, que comienza en 1970. En su última estimación, del 23 de junio, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cifra la caída del PIB en el segundo trimestre del año entre el 16% y el 21,8% y contempla un escenario pesimista con una pérdida anual del 15,1%. La recuperación que vislumbra para el ejercicio de 2021 no será lo suficientemente fuerte como para compensar la caída, por lo que no plantea una recuperación completa hasta 2022 o incluso 2023. Según el FMI, que preveía inicialmente un retroceso del 8%, la caída del PIB rondará el 12,8% y el paro alcanzará el 20,8%. Será el mayor desplome desde la Guerra Civil.

Desde la declaración del estado de alarma se han destruido en torno a un millón de empleos. La cifra de parados registrados en España se acerca a los cuatro millones. No obstante, la relajación de las restricciones por la desescalada que se inició en mayo ha evitado una caída mayor. La afiliación a la Seguridad Social subió en casi 190.000 cotizantes entre el final de abril y el de mayo y en ese mismo periodo habrían salido de los ERTE 387.815 afectados, de los más de tres millones de trabajadores que se encuentran en esa situación.

El Gobierno, dentro del plan económico que prevé movilizar 200.000 millones de euros, destinará 600 millones para servicios sociales con especial atención a las personas mayores y los dependientes. Los suministradores de energía, gas natural y agua no podrán cortar el servicio mientras dure el estado de alarma a consumidores “vulnerables” y quienes vean reducidos sus ingresos o estén en paro por el coronavirus podrán aplazar el pago de su hipoteca para primera vivienda. Se ha aprobado también un subsidio de 440 euros mensuales para trabajadores temporales sin derecho a paro y que se queden sin empleo y una ayuda para las trabajadoras del hogar. Además, se han suspendido los desahucios por impago del alquiler durante seis meses y se ha establecido una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer. Los inquilinos vulnerables podrán solicitar microcréditos al Estado al 0% de interés y sin comisiones.

El Gobierno ha aprobado esta ayuda complementaria destinada a los hogares vulnerables a la que podrán acogerse 850.000 familias, según sus cálculos. La Seguridad Social define como hogar vulnerable a aquel que, al mes, tiene una renta que se queda 10 euros por debajo o más del umbral mínimo que completará el Estado. Por ejemplo, una familia a la que cumpliendo los requisitos le corresponde una renta mínima de 1.015 euros tendrá derecho al complemento si ingresa 1.005 euros o menos. Las cuantías de la ayuda son variables, dependen de factores como la renta familiar, el número de personas que convivan en el domicilio y su edad (si hay niños o mayores de 70 años). Para calcular cuáles son los ingresos de un hogar se tomará la renta neta del año anterior y no se tendrá en cuenta el dinero de becas o ayudas de alquiler. Los números que ha adelantado el Gobierno señalan que el coste de la medida será de unos 3.000 millones al año que se pagarán mediante una transferencia de Hacienda a la Seguridad Social.

Las empresas deben fomentar en la medida de lo posible el teletrabajo, pero este no es obligatorio. Además, los trabajadores podrán reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso hasta el 100%, para cuidar a familiares, mayores o niños ante el cierre de colegios y servicios sociales.

Los empleados que se acogieron al permiso retribuido por la paralización de la actividad de su empresa entre el 30 de marzo y el 9 de abril deberán recuperar las horas antes del 31 de diciembre. El Gobierno ha dado libertad a cada sector para negociar la devolución de esas horas y ha recordado que se tratan de ocho días laborables, ya que la paralización de los servicios no esenciales coincidió con los festivos de Semana Santa. Esa devolución tendrá que pactarse entre el empresario y los representantes de los trabajadores en un plazo de siete días (un poco más si ha de constituirse una comisión negociadora). Si no hay acuerdo, será el empresario, en un plazo de siete días más, el que lo fije.

Las empresas que hagan ERTE (despidos temporales), no pagarán cuotas a la Seguridad Social, para evitar despidos definitivos, y los afectados podrán cobrar el paro aunque no hayan cotizado el mínimo necesario. Además, los autónomos que tengan que cerrar o pierdan una parte significativa de sus ingresos por la crisis podrán cobrar una "prestación extraordinaria”. El Consejo de Ministros aprobó el 24 de marzo el desarrollo de una línea de avales de 100.000 millones para empresas en problemas provocados por la pandemia. El Estado garantizará hasta el 80% de los préstamos que soliciten las empresas y los autónomos a los bancos, para así poder afrontar el pago de salarios, circulante y facturas. El Gobierno ha extendido a los locales y oficinas de autónomos la moratoria de las hipotecas para quienes vean reducidos sus ingresos notablemente por la emergencia sanitaria. También se ha aprobado una moratoria en el pago de cotización durante seis meses para autónomos y empresas; el aplazamiento en el pago de las deudas de la Seguridad Social hasta el 30 de junio y otra moratoria por el pago de las cuotas en los días trabajados en el mes de marzo, sin intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado que el Gobierno español no tocará el salario de los empleados públicos.

El Ministerio de Trabajo ha creado un subsidio por desempleo temporal para las trabajadoras domésticas que coticen a la Seguridad Social y hayan perdido su empleo o reducido su jornada por la crisis sanitaria. Esta ayuda, compatible con el mantenimiento de parte de la actividad laboral, es verdaderamente extraordinaria, porque hasta ahora las empleadas domésticas (el 85,5% de quienes desempeñan estas tareas son mujeres) nunca han tenido un subsidio de desempleo ni nada que se le parezca en España.

Para los trabajadores temporales que no hayan realizado la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio y cuyo contrato se termine durante el estado de alarma, el Gobierno ha establecido un subsidio de desempleo excepcional de 440 euros, el 80% del Iprem.

El Gobierno ha suspendido los desahucios sin alternativa habitacional para las personas vulnerables durante seis meses y ha aprobado una prórroga de seis meses de los contratos que estén a punto de vencer. Además, el Estado podrá conceder microcréditos al 0% de interés y sin comisión, a devolver en seis años ampliable a 10. El Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban integralmente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte del impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler. Aquellos hogares que se acojan a una moratoria y a los microcréditos y que no puedan devolver el préstamo, dispondrán de una ayuda adicional de hasta 900 euros al mes.

Depende. Si es la empresa de transporte o el alojamiento los que han suspendido el servicio contratado, deben devolver el dinero si así lo quiere el cliente. El problema en estos momentos es que muchas aerolíneas no están dando la opción de reembolso automático del billete, sino que ofrecen únicamente las otras posibilidades que les ofrece la ley: canje del billete por otro vuelo o un bono con el que comprar otro trayecto. Si es el viajero el que decide cancelar el viaje por la situación de crisis e incertidumbre, las empresas se están resistiendo, sobre todo si se trata de destinos en los que todavía no se han tomado medidas restrictivas por la expansión del virus. En estos casos, asociaciones de usuarios como la OCU están exigiendo al Gobierno que se entienda que estas cancelaciones están motivadas por causa mayor, lo que implicaría la devolución íntegra del importe. En ese sentido, el Ministerio de Consumo ha anunciado que denunciará en los tribunales a 17 aerolíneas por no haber informado correctamente a sus clientes de la opción del reembolso por vuelos cancelados.

Como en cualquier proceso de este tipo, es fundamental conservar toda la documentación de la compra (justificantes de pago, contratos, etcétera) y dirigirse directamente a la empresa para pedir la devolución del importe por la cancelación, justificando las razones de esta de forma fehaciente. Se debe conservar la prueba de esa comunicación porque, si la respuesta se demora o no es la esperada, habrá que denunciarlo en los tribunales. También se pueden presentar reclamaciones en las oficinas públicas del consumidor o acudir a las asociaciones de consumidores. De hecho, Facua está promoviendo una plataforma de afectados para reclamar a aerolíneas, hoteles, academias, gimnasios…

El Gobierno español ha anunciado que "habrá temporada turística" para los españoles y turismo internacional desde el mes de julio. El sector turístico, uno de los principales motores de la economía española, es una de las grandes víctimas de las medidas adoptadas para contener la crisis del coronavirus.Exceltur, el ‘lobby’ turístico español, calcula que las pérdidas durante el estado de alarma han supuesto unos 43.460 millones de euros de PIB turístico (sumando el impacto directo y el indirecto). La patronal, que había planteado una caída de 55.000 millones en su escenario menos optimista, espera ahora unas pérdidas en trono a los 92.500 millones. Para paliar el golpe, el Gobierno ha anunciado un plan de apoyo dotado con 2.500 millones de euros de líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) más otros 151 millones destinados a la transformación y digitalización del sector.

Tras el cese de la actividad de los alojamientos turísticos desde el 14 de marzo por la declaración del estado de alarma en España, los hoteles han ido recuperando su actividad con fuertes limitaciones según el plan de transición hacia la “nueva normalidad” que puso en marcha el Gobierno el 4 de mayo. Pese a la posibilidad de reabrir, la falta de movilidad entre provincias por las restricciones del estado de alarma y la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros extranjeros (que desaparece al finalizar el estado de alarma) han impedido relanzar el negocio turístico. Tras una primavera de colapso total, fuentes del sector prevén que no habrá más de un 50% de la planta hotelera operativa en verano con una ocupación muy baja.

La falta de demanda, la contención del virus y, sobre todo, la escasez de piezas para continuar produciendo (muchas tienen que venir de una paralizada China) ha detenido la actividad de buena parte de las fábricas. El cierre, de momento temporal, ya ha afectado a miles de trabajadores. Otras empresas se han decantado por el cierre definitivo de sus fábricas, como es el caso de Nissan y Alcoa. La compañía japonesa ha anunciado el cierre de la planta de Barcelona en diciembre de 2020, una decisión que conlleva 3.000 despidos y afectará a más de 15.000 trabajadores. Por su parte, la alumínica hará lo propio con la planta que posee en San Cibrao, Lugo, que da trabajo a 534 personas. El sector industrial no es unos de los fuertes de la economía española; representa el 16% del PIB. Pero es importante, entre otras cosas, porque suele ofrecer empleo de más calidad que el sector servicios.

Pese a que aún se mantiene la incertidumbre de las consecuencias económicas de la crisis a largo plazo, numerosos expertos coinciden en que los países en vías de desarrollo son los que más perjudicados van a salir. El historiador Walter Scheidel considera que la crisis ensanchará la brecha de desigualdad entre los trabajadores de sectores estables y aquellos más precarios. Según cifras del Banco Mundial, 60 millones de personas corren el riesgo de caer bajo el umbral de la pobreza extrema. Los países emergentes con sistemas sanitarios más débiles, dependientes de las exportaciones de materias primas, las remesas de los emigrantes y del turismo, se llevarán el peor golpe, según la organización. En el inicio de la crisis, el analista Mohamed El-Erian previó que habrá cuatro fases. La primera, en la que ya estamos inmersos, es de perjuicios económicos y corporativos (con parón del sector servicios y las manufacturas, una tormenta perfecta que frena a a vez el consumo, la inversión y el comercio); y la segunda, el contagio financiero: el dinero se queda quieto y solo los bancos centrales pueden ofrecer liquidez. Después vendrá la formación de fondo: llegará un momento que los mercados tocarán fondo; si se consigue que eso coincida con una contención efectiva del virus, la recuperación puede ser menos dolorosa. Por último, llegarán los efectos a largo plazo, entre los que prevé un impulso de la desglobalización, con compañías que repensarán, por ejemplo, las bondades de tener centros de producción distantes, repartidos por todo el mundo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), que al inicio de la crisis había estimado la desaparición de 25 millones de empleos, calcula que la caída será de más de 305 millones de puestos de trabajo, según un informe publicado a finales de abril. La organización prevé que el mayor golpe se dé en América, Europa y Asia Central. En la primera, cifra la contracción del empleo en un 12,4% y en la segunda, en el 11,8%. Durante la Gran Recesión que comenzó en 2008 se perdieron 22 millones. Guy Ryder, director de la OIT, señala que los más perjudicados serán las 2.000 millones de personas con empleos informales, que pueden perder el 60% de sus ingresos.

La Comisión Europea ha aprobado un plan de recuperación económica cifrado en 750.000 millones de euros, de los que España, segundo mayor receptor tras Italia, recibirá unos 140.000 millones. Las ayudas para paliar los efectos de la crisis consistirán mayoritariamente en subsidios y no solo préstamos.

La gran ayuda del ámbito comunitario ha llegado desde el BCE, que ha anunciado que financiará a los Estados con 750.000 millones de euros a través de “la compra de activos públicos y privados”.

El Gobierno alemán ha prometido liquidez ilimitada a las empresas como escudo protector ante la crisis. Hasta 500.000 millones en créditos podrían ponerse a disposición de las necesidades de la economía alemana. Francia ha prometido 300.000 millones en avales para enfrentarse a la debacle. El Reino Unido, ya fuera de la UE, seguirá el mismo camino con garantías para movilizar hasta 360.000 millones de euros.

La segunda pata de los planes europeos contiene ayudas a las empresas, como los 8.000 millones para las reducciones de jornada en Alemania, los 45.000 millones prometidos por Emmanuel Macron para apoyar a las empresas francesas o los 500 euros que Italia ingresará a sus autónomos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preparado para movilizar toda su capacidad de préstamo, un billón de euros (unos 890.000 millones de euros), para ayudar a los países a encarar “el impacto económico y humanitario” del coronavirus, indicó la directora gerente del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva. La institución prevé que la pandemia causará una contracción de la economía mundial de un 3%. Una predicción rodeada de una “incertidumbre extrema”, pero que arroja cifras inéditas desde 1930. La previsión del FMI es que la pandemia remitirá en la segunda mitad del año, permitiendo “replegar gradualmente” los esfuerzos de contención y restaurar la confianza de consumidores e inversores. Así, según sus cálculos, la economía global crecerá hasta el 5,8% en 2021.